UN JUEZ QUE DEBÍA ESTAR EN EL BANQUILLO

El Crimen de Barbados, todavía impune, con sus autores en libertad en territorio de Estados Unidos, protegidos por las autoridades.Hace solo unos días, Estados Unidos incluía otra vez a Cuba en una lista de países terroristas. El gobierno que ha mantenido durante casi cincuenta años un criminal bloqueo económico y financiero; organizado y estimulado una guerra sucia contra nuestro pueblo, en cuya larga data se incluyen sabotajes —el del avión de Barbados costó la vida a las 72 personas a bordo—, invasiones mercenarias —como la de Playa Girón—, atentados contra dirigentes de la Revolución, ataques a objetivos económicos y sociales, financiamiento de bandas asesinas, propagación de virus y epidemias… en fin un historial que lo colocarían mejor en el banquillo de los acusados que en el estrado del juez.

Ese país, erigido ahora en juez por obra y gracia su poder hegemónico, mantiene abierta la prisión de Guantánamo, territorio ilegalmente ocupado a Cuba, que ha sido objeto de múltiples denuncias por torturas, abusos en los interrogatorios, y por no respetarse dentro de sus alambradas los derechos constitucionales de decenas de prisioneros, sin abogados y sin instrucción de procesos durante varios años. En ese país campean libres y bajo el amparo gubernamental Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, dos terroristas reconocidos en el mundo entero. En ese país también se encuentran prisioneros y sentenciados con desmesuradas condenas, cinco luchadores cubanos contra el terrorismo.

Ocurren estas paradojas cuando el acusador se considera gendarme del mundo y guardián de los derechos humanos —cada día con menos éxito—, apoyados en un grupo de países ricos que lo secundan en sus declaraciones, y otro grupo de cipayos que por lograr ventajas económicas se colocan una venda en los ojos, y levantan junto al presunto juez su dedo acusador.

Pero ahí están hechos como estos recientemente revelados por sus propias instituciones, que bastarían —más allá de las acciones terroristas contra Cuba—, para iniciar un juicio sumario en un tribunal mundial al anterior mandatario y al gobierno de EE.UU., no solo por sus actos de  terrorismo contra Cuba y los pueblos de Palestina, Irak y Afganistán, sino también por violar flagrantemente los más elementales derechos humanos…

“Más imágenes de horror en AbuGhraib”, titulaba su despacho la agencia IPS, tras cinco años de que el mundo viera por primera vez las escalofriantes fotos de esa cárcel iraquí en un programa de la televisión estadounidense.

Los varios miles de fotografías jamás vistas por el público exhiben abusos de soldados de ese país contra prisioneros en Afganistán e Iraq. También fueron desclasificados varios documentos oficiales sobre las torturas cometidas sobre prisioneros. Los informes contienen frases como: “Claramente ocurrieron abusos en la prisión de Abu Ghraib. Las causas principales son mala conducta (variando desde lo inhumano a lo sádico) por parte de un pequeño grupo de soldados y civiles moralmente corruptos…”.

Otra investigación señala: “Los hechos (ocurridos) de octubre a diciembre de 2003 en el turno de la noche en el nivel 1 de la prisión de Abu Ghraib fueron actos de brutalidad y sadismo sin sentido. Ahora sabemos que estos abusos ocurrieron tanto a manos de la policía militar como de personal de inteligencia militar”. Otro informe agrega: “Los abusos retratados, inaceptables incluso en tiempos de guerra, no fueron parte de interrogatorios autorizados, ni siquiera estuvieron dirigidos a objetivos de inteligencia. Representan un comportamiento desviado y un fracaso del liderazgo y la disciplina militar.

“La CIA acusada de desapariciones forzadas”, se titula otro despacho de IPS, que da cuenta de que al menos una treintena de quienes estuvieron detenidos en las cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos estarían ahora desaparecidos, y los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos para rastrear su paradero son vanos.

La historia de estos “prisioneros fantasmas” fue ampliamente documentada por Pro Publica, grupo en Internet de periodismo de investigación. En septiembre de 2007, Michael V. Hayden, entonces director de la CIA, había admitido que “menos de 100 personas fueron detenidas en instalaciones” secretas de la agencia.

Un memorando divulgado la semana pasada confirmó que la agencia tenía bajo custodia a por lo menos 94 personas en mayo de 2005, y que a 28 de estas les aplicaba “técnicas mejoradas para varios grados de interrogatorio”.

El ex presidente George W. Bush (2001-2009) públicamente reconoció en septiembre de 2006 el programa de la CIA de prisiones secretas en terceros países, y ordenó la transferencia de 14 detenidos de éstas a la cárcel en la base militar de Guantánamo.

Además, se divulgó que ex funcionarios del gobierno de Bush habían informado que la CIA pasó varias semanas transfiriendo prisioneros a cárceles pakistaníes, egipcias y jordanas durante el verano boreal de 2006, poco antes de que el entonces presidente reconociera la existencia de las prisiones secretas.

Hace poco el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, contestaba a los periodistas preguntas sobre este último acto acusatorio del imperio: “A Estados Unidos no habría que reconocerle la menor autoridad moral y yo, francamente, creo que nadie hace caso ni lee esos documentos, entre otras cosas, porque su autor es un delincuente internacional en muchos de los temas que critica”.

Por suerte, crece el número de estados e instituciones que hacen caso omiso a tales declaraciones y listas provenientes del mayor patrocinador del terrorismo de Estado en el mundo. Documentos como estos engrosan cada año la reserva de papel higiénico de la Casa Blanca…

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